La idea de crear reservas territoriales energéticas la planteo originalmente en mi tesis de doctorado en urbanismo (2009): “Es necesario manejar reservas territoriales cerca y en el interior de los centros urbanos con criterios energéticos, ya que en ellas podrían construirse granjas de energía” (p. 216). Al hablar de granjas de energía me refiero a instalaciones solares y eólicas para generar electricidad.

El concepto lo retomo en Dioses en el patio (2016), donde señalo: “Es necesario incorporar el criterio de reserva territorial energética en los marcos jurídicos que definen la planificación territorial, pensando tanto en la intervención de los alrededores, la periferia y en el interior de las ciudades” (p. 158).

En un estudio posterior (2017) reviso las leyes federales mexicanas sobre las cuestiones energética, urbana y territorial con el fin de señalar contradicciones, errores o vacíos en lo que tiene relación con la implementación de un urbanismo energético, poniendo especial atención a lo que requiere la creación de las mencionadas reservas.

Es importante entender que éstas son diferentes a las reservas creadas con criterios ecológicos, esto es, las áreas protegidas: reservas de la biosfera o naturales donde el objetivo es conservar especies botánicas y zoológicas o preservar ecosistemas. De hecho, el concepto de reserva (espacio regulado) tiene un significado de protección de la naturaleza o de confinamiento de comunidades indígenas, no energético, el cual responde al funcionamiento y la sostenibilidad de las ciudades y asentamientos humanos y a la reproducción social, pudiendo entrar en conflicto el uso del territorio para la generación de energía con la conservación de especies o ecosistemas. Debe, por lo tanto, dársele al término otro significado.

Esta distinción, además, debe definirse claramente en los marcos jurídicos, como ya indiqué, considerando que el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, particularmente la solar y la eólica, demandará, ante el paulatino agotamiento de los recursos energéticos no renovables, cada vez un mayor uso del territorio, no sólo diferente al de la protección de la naturaleza, sino al de la propia urbanización (construcción de viviendas, servicios, parques industriales e infraestructura).

Así tenemos, para ejemplificar este vacío, el caso de México. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, define “Reservas” como “las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su Crecimiento”. Por “Crecimiento” entiende: “acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física de los Centros de Población” (Artículo 3, fracción X y XXX). La noción de reservas territoriales energéticas que se propone tiene otro sentido, relacionado con el ya mencionado funcionamiento de los centros de población, no con su expansión.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no se presenta el concepto de reserva ecológica como tal, se maneja el de “Área Natural Protegida”: “Las zonas […] en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas” (Artículo 3, fracción II). Estas áreas pueden ser: reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios; parques y reservas estatales; zonas de conservación ecológica municipales; las demás categorías que establezcan las legislaciones locales; áreas destinadas voluntariamente a la conservación (Artículo 46).

Como podemos ver, el uso del suelo tiene un propósito diferente.

Cabe añadir que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable contempla la creación de “reservas forestales” como una acción voluntaria de “conservación, protección y restauración forestal que lleven a cabo los particulares” (Artículo 153).

Se puede concluir que el concepto de reserva territorial energética debe construirse jurídicamente para incorporar el aprovechamiento de la energía solar y la eólica a gran escala en las actividades de planificación urbana-territorial y en la definición del uso del suelo. También se debe anticipar conflictos energético-ecológicos precisamente por la ocupación del territorio. El problema es mayor si consideramos, además del crecimiento urbano, la necesidad de suelo para actividades agropecuarias y forestales, la construcción y mantenimiento de infraestructura y las zonas que deben evitarse por el riesgo físico que implica ocuparlas (deslizamientos e inundaciones). Así, el factor territorial en algunas regiones será una limitación para la utilización de las energías renovables.

No sólo la intermitencia y disponibilidad del sol y el viento y la capacidad de la propia tecnología obligan a discutir la transición energética con una mirada más crítica, postecologista: se requieren hectáreas, muchas, para ser una sociedad pospetróleo, poscarbón (no poscarbono), posnuclear; el impacto ambiental —específicamente, la deforestación— será inevitable. El desafío es administrar la entropía.

El equivocado planteamiento ecologista de las “energías limpias”, enfocado en disminuir la emisión de dióxido de carbono, no toma en cuenta esto. El enfoque postecologista se concentra no sólo en la creación de ambientes saludables y la protección de ecosistemas, sino en garantizar lo fundamental para gozar de cierto nivel de vida: energía.

Sin título

Imagen: Planta solar fotovoltaica en Cestas, Francia. Tomada de: elperiodicodelaenergia.com.

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